El día 2 de enero de 2020 leo con atención una noticia sobre algunas de las circunstancias acerca de la señora que el día 30 de diciembre ahogó a su hija de 10 años en Girona. El día en el que los medios informaron de la desgraciada noticia, aparte de la consternación y pésame hacia la niña de 10 años, pensé en las causas y realidades que habían conducido a una persona, una madre, a matar a su hija. ¿En qué infierno debe estar viviendo esta persona? Hoy la prensa informa que justo hacía unas semanas (sin precisar más) se había iniciado un procedimiento de modificación de la capacidad hacia la madre, un proceso que no siempre es rápido, como expliqué en la entrevista que me hicieron los informativos de Telecinco aquel mismo día (vídeo, a partir del minuto 10:53).
Las/los profesionales que nos dedicamos a tratar con personas y familias que promueven los procedimientos de modificación de la capacidad o incapacitación de las personas sabemos de qué infiernos estamos hablando. Hay realidades personales y situaciones relacionales que, a pesar de la discapacidad, son soportables con los apoyos adecuados, y lo son tanto para las personas con diversidad funcional como por sus entornos próximos; pero muy cerca hay otras que no lo son.
Por mucho que imagine situaciones de hecho y de derecho en las que viven personas que no pueden valerse por sí mismas, que no tienen suficientes capacidades para vivir autónomamente, y que potencialmente pueden comprometer su vida o la de otras personas, como es este caso, la realidad rebasa en mucho lo que yo pueda imaginar.
El infierno del que hablo también lo viven las personas que tienen que tomar la decisión de iniciar un procedimiento de incapacitación o de modificación de la capacidad, por ejemplo hacia un progenitor o progenitora, o los padres o madres respecto de los hijos o hijas, o una hermana respecto de otra. No es nada fácil decidirse a ir ver a un abogado especialista en incapacitaciones a explicar, aportar pruebas y finalmente encargar el asunto. Soy testigo del tormento y de las contrariedades que tienen parientes y familiares antes no toman la decisión. Tienen que tomar decisiones porque los padres o madres, hijos o hijas o parientes discapacitados no pueden hacerlo por sí solas, o no quieren.
Algunas de estas situaciones se dan en contextos tanto variados como en personas que sufren retraso mental (congénito o sobrevenido en circunstancias como un accidente), autismo, síndrome de Down, enfermedad mental, esquizofrenia, Alzheimer, demencia, Parkinson en fase aguda o trastorno bipolar en fase aguda.
En muchas ocasiones se trata de situaciones silenciosas, penosas, vividas en una soledad que cuando los operadores llamados jurídicos tenemos conocimiento de ello, no podemos sino que calificar de injustas e inhumanas; personas y entornos viven con una estoica ignorancia de cuáles son los derechos, las obligaciones y las posibilidades de intervención jurídica y real para facilitar o vehicular los apoyos a los que tienen derecho.
Me consta la dificultad de tomar determinadas decisiones, pero como abogado y mediador en Barcelona especialista en incapacitaciones recomiendo que las personas, familiares y entornos hablen, consulten, busquen ayuda experta y el asesoramiento social y jurídico en beneficio de las personas directamente involucradas, de familiares y también de la comunidad. Es necesario hablarlo. Hay profesionales, asociaciones, entidades y organismos públicos y/o privados muy dispuestos a escuchar.
Igualmente, no puedo dejar de pensar, y desde aquí me solidarizo, con los padres de la hija ya traspasada (¡quién soy yo para juzgarlos!) y con aquellos/as familiares que cuidaban a la hija cuando la madre estaba internada en el hospital. Pienso también en la niña de 10 años… y solo soy capaz de verbalizar una tímida plegaria, porque creo en la bondad y porque racionalmente -lo escribo como padre que soy-, los hechos me resultan insoportables.