El ordenamiento jurídico español y, en consecuencia, también el catalán, finalmente se han adaptado a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006.

El paradigma que pretende cambiarlo todo lo encontramos en el artículo 12 de la CDPD, que obliga a los Estados a:

1) reconocer que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones que las demás en todos los aspectos de la vida;

2) adoptar las medidas que les permitan el acceso a los apoyos que necesiten, y

3) que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se adopten salvaguardias o garantías para evitar abusos.

«Todas las personas somos iguales ante la ley y, en virtud de esta, tenemos derecho a la protección legal igual y a beneficiarnos de la ley en igual medida, sin discriminación alguna.»

Así lo indica el artículo 5.1 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, redactada en Nueva York el 13 de diciembre de 2006 y ratificada por el Estado español el 22 de abril de 2008.

La Ley 8/2021 elimina la institución de la tutela, la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada para las personas adultas con discapacidad, e introduce en el Código Civil el Título XI, «Medidas de apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica».

No obstante, si la persona con discapacidad reside en Cataluña, se aplican las disposiciones del Código Civil de Cataluña. En Cataluña, la institución de la asistencia se convierte en el eje principal o la medida de apoyo principal para las personas con discapacidad que tienen dificultades de diversa intensidad para tomar decisiones en igualdad de condiciones. Profundizo sobre esta cuestión en el artículo del blog «La asistencia a las personas con discapacidad en el Código Civil de Cataluña (CCC)».

En cualquier caso, algunas de las circunstancias por las que habitualmente se inicia un proceso de provisión de apoyos (anteriormente «de incapacitación» o de «modificación de la capacidad»), tanto en personas menores como mayores de edad, son:

– Retraso mental (congénito o sobrevenido en circunstancias como un accidente)
– Autismo
– Síndrome de Down
– Enfermedad mental
– Esquizofrenia
– Alzheimer
– Demencia
– Parkinson (en fase aguda)
– Trastorno bipolar (en fase aguda)

A continuación resumo el procedimiento para establecer medidas de apoyo judicial a personas con discapacidad.

Para poner en marcha medidas de apoyo judicial, es necesario tramitar un expediente de jurisdicción voluntaria, conocido como «expediente de provisión de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad». Este procedimiento está regulado en los artículos 42 bis a) y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Voluntaria.

¿Quién puede iniciar el expediente?

El expediente puede ser iniciado por:

– el Ministerio Fiscal
– la propia persona con discapacidad
– su cónyuge (siempre que no esté separado legalmente o de hecho)
– la pareja de hecho, o
– sus familiares directos (descendientes, ascendientes o hermanos).

Con todo, la experiencia me demuestra que este tipo de procedimientos están llenos de matices técnicos que, a menudo, las partes —involucradas y condicionadas por las relaciones de parentesco y afectividad— pasan por alto, dan por supuestos o sencillamente menosprecian.

El letrado profesional será quien, en el asesoramiento previo y en la dirección jurídica del procedimiento, tenga la misión de concretar estos matices y darles el contenido apropiado a fin de que sean tenidos en cuenta en sede judicial.

¿Qué documentación es necesario presentar?

La solicitud inicial debe incluir:

– documentos que acrediten la necesidad de establecer medidas de apoyo;

– un informe pericial elaborado por profesionales de los ámbitos social y sanitario, en el que se indiquen las medidas más adecuadas para el caso concreto;

– y la propuesta de las pruebas que se consideren necesarias para la comparecencia.

¿Qué ocurre después de presentar la solicitud?

Cuando la solicitud es admitida, se convoca una comparecencia (una reunión ante el juez) a la que deben asistir: el Ministerio Fiscal, el cónyuge o los familiares de la persona con discapacidad y, por supuesto, la persona interesada.

En los cinco días siguientes a la recepción de la citación, cualquiera de estas personas puede proponer las pruebas que considere necesarias.

¿En qué consiste la comparecencia?

Durante la comparecencia, la autoridad judicial mantendrá una entrevista con la persona con discapacidad. En esta entrevista se valorarán:

– las opciones de apoyo disponibles dentro de su entorno social o comunitario,

– o bien la posibilidad de establecer medidas de apoyo de carácter voluntario.

Aceptación u oposición a las medidas

Después de la entrevista:

– La persona con discapacidad puede aceptar las medidas propuestas u oponerse a ellas;
– las demás partes también pueden manifestar su oposición.

En caso de oposición, será necesario presentar una demanda contenciosa (un procedimiento judicial formal) para decidir sobre la adopción de las medidas de apoyo.

Desde 1997, mi experiencia como abogado especialista en Derecho Civil y de Familia, especialmente en el tratamiento de cuestiones de Divorcio en las que a menudo intervenían complejas circunstancias familiares, despertó en mí un gran interés y una especial atención hacia la defensa y protección de los derechos de las personas más vulnerables —a menudo los hijos de los cónyuges—.

Posteriormente, durante los 12 años de servicio como Síndic de Greuges («Defensor del Ciudadano») de Sant Boi de Llobregat, los más de 1.200 casos en los que intervení y la gran complejidad de muchas de las situaciones que traté estimularon profundamente mi sensibilidad hacia la protección y defensa de la dignidad de las personas.

En todos estos años, mi responsabilidad como Patrono de Som – Fundación Catalana Tutelar, me ha permitido desarrollar una visión amplia y contrastada, en varias ocasiones en primera persona, sobre las circunstancias de las personas usuarias asistidas por la Fundación.

Sin duda, tanto mi formación como el conjunto de vivencias y aprendizajes acumulados como abogado, Síndic de Greuges y Patrono de SOM Fundació me han proporcionado un conocimiento teórico y práctico de gran valor en los distintos procedimientos de provisión de apoyos que he llevado a cabo hasta el día de hoy.

Podrás encontrar más información sobre mi manera de entender la profesión y mi trayectoria profesional en la sección “Sobre mí”.