El día 2 de enero de 2020 leo con atención una noticia sobre algunas de las circunstancias acerca de la señora que el día 30 de diciembre ahogó a su hija de 10 años en Girona. El día en el que los medios informaron de la desgraciada noticia, aparte de la consternación y pésame hacia la niña de 10 años, pensé en las causas y realidades que habían conducido a una persona, una madre, a matar a su hija. ¿En qué infierno debe estar viviendo esta persona? Hoy la prensa informa que justo hacía unas semanas (sin precisar más) se había iniciado un procedimiento de modificación de la capacidad hacia la madre, un proceso que no siempre es rápido, como expliqué en la entrevista que me hicieron los informativos de Telecinco aquel mismo día (vídeo, a partir del minuto 10:53).
Las/los profesionales que nos dedicamos a tratar con personas y familias que promueven los procedimientos de modificación de la capacidad o incapacitación de las personas sabemos de qué infiernos estamos hablando. Hay realidades personales y situaciones relacionales que, a pesar de la discapacidad, son soportables con los apoyos adecuados, y lo son tanto para las personas con diversidad funcional como por sus entornos próximos; pero muy cerca hay otras que no lo son.
Por mucho que imagine situaciones de hecho y de derecho en las que viven personas que no pueden valerse por sí mismas, que no tienen suficientes capacidades para vivir autónomamente, y que potencialmente pueden comprometer su vida o la de otras personas, como es este caso, la realidad rebasa en mucho lo que yo pueda imaginar.
El infierno del que hablo también lo viven las personas que tienen que tomar la decisión de iniciar un procedimiento de incapacitación o de modificación de la capacidad, por ejemplo hacia un progenitor o progenitora, o los padres o madres respecto de los hijos o hijas, o una hermana respecto de otra. No es nada fácil decidirse a ir ver a un abogado especialista en incapacitaciones a explicar, aportar pruebas y finalmente encargar el asunto. Soy testigo del tormento y de las contrariedades que tienen parientes y familiares antes no toman la decisión. Tienen que tomar decisiones porque los padres o madres, hijos o hijas o parientes discapacitados no pueden hacerlo por sí solas, o no quieren.
Algunas de estas situaciones se dan en contextos tanto variados como en personas que sufren retraso mental (congénito o sobrevenido en circunstancias como un accidente), autismo, síndrome de Down, enfermedad mental, esquizofrenia, Alzheimer, demencia, Parkinson en fase aguda o trastorno bipolar en fase aguda.
En muchas ocasiones se trata de situaciones silenciosas, penosas, vividas en una soledad que cuando los operadores llamados jurídicos tenemos conocimiento de ello, no podemos sino que calificar de injustas e inhumanas; personas y entornos viven con una estoica ignorancia de cuáles son los derechos, las obligaciones y las posibilidades de intervención jurídica y real para facilitar o vehicular los apoyos a los que tienen derecho.
Me consta la dificultad de tomar determinadas decisiones, pero como abogado y mediador en Barcelona especialista en incapacitaciones recomiendo que las personas, familiares y entornos hablen, consulten, busquen ayuda experta y el asesoramiento social y jurídico en beneficio de las personas directamente involucradas, de familiares y también de la comunidad. Es necesario hablarlo. Hay profesionales, asociaciones, entidades y organismos públicos y/o privados muy dispuestos a escuchar.
Igualmente, no puedo dejar de pensar, y desde aquí me solidarizo, con los padres de la hija ya traspasada (¡quién soy yo para juzgarlos!) y con aquellos/as familiares que cuidaban a la hija cuando la madre estaba internada en el hospital. Pienso también en la niña de 10 años… y solo soy capaz de verbalizar una tímida plegaria, porque creo en la bondad y porque racionalmente –lo escribo como padre que soy–, los hechos me resultan insoportables.
Con el presente artículo, el Fòrum de Síndics i Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya se hace eco de la recomandación número 67 del informe Observaciones finales sobre los informes periódicos segundo y tercero combinados de España hecho por el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad el 9 de abril de 2019. La ONU, en su página web, ofrece datos impactantes: la población mundial es de siete mil millones de personas, de les cuales más de mil millones tienen algún tipo de diversidad funcional (es decir, una de cada siete); más de cien millones son menores y estos tienen cuatro veces más posibilidades de ser víctimas de algun tipo de violencia; el 80% de personas con diversidad funcional vive en países en desarrollo; el 50% de las personas con diversidad funcional no tiene acceso a la sanidad; finalmente, 160 países han firmado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).
El Consejo de Europa prevé que en 2020, es decir, mañana mismo, una quinta parte de la población de la UE tendrá alguna forma de diversidad funcional. La UE y todos sus estados miembros son parte de la CDPD, importante acuerdo que entró en vigor en enero de 2011 y que ha orientado el contenido de la que ha sido la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020. En España, en 2017 había 3.177.531 ciudadanos con diversidad funcional, de los cuales 1.581.417 son mujeres y 1.596.114 son hombres. En Catalunya, en 2018, las personas con diversidad funcional eran 577.028, de les cuales 61.258 se ubican en el Baix Llobregat y 7.707 residen en Sant Boi de Llobregat, per poner un ejemplo de ciudad de más de 20.000 habitantes.
No es objeto de esta colaboración entrar en la polémica del nomen iuris entre los conceptos de discapacidad o diversidad funcional (concepto, el segundo, encuñado el 2005 en el Foro de Vida Independiente). Con todo, como en el mundo jurídico, la realidad no es la que dicen las partes que es, sino la que es. Estamos centrados en las personas y sus circunstancias, que es lo que nos define y dignifica.
El Secretario General de la ONU, António Guterres, expresa la intencionalidad de la celebración de este día Internacional, en que se pretende “reafirmar el compromiso de trabajar juntos por un mundo mejor que sea inclusivo, equitativo y sostenible para todos, y en el que los derechos de las personas con discapacidad se hagan plenamente efectivos”. A tal efecto está previsto que el día 3 de diciembre del presente año se presente el Informe Fundamental de la ONU sobre Discapacidad y Desarrollo, 2018, realización del ODS por, para y con personas con Discapacidad.
Las Síndiques i Síndics Municipals de Greuges de Catalunya tenemos como misión principal la defensa de la ciudadanía en las situaciones en las que haya sido agraviada por la actividad -activa o pasiva- de la administración municipal. Con creciente interés e implicación incorporamos en nuestras intervenciones los principios y exigencias legales derivadas de la aplicación en los municipios de los deberes y obligaciones derivadas de la CDPD, convención que en España entró en vigor el 3 de maryo de 2008.
Como todo ser vivo, las normas jurídicas tienen vida, evolucionan. La CDPD se tiene que desplegar, interpretar y aplicar en los Estados miembros y obviamente en los municipios haciendo realidad el principio de subsidiariedad. En este sentido, se deben conocer las recomendaciones del informe Observaciones finales sobre los informes periódicos segundo y tercero combinados de España*. La recomendación número 65 se dirige, entre otras, directamente a las administraciones locales y, por tanto, a aquellas instituciones que tienen la misión de fiscalizar la actuación de los Ayuntamientos y de velar por la consecución y respeto de los derechos humanos en la ciudad.
El informe en cuestión hace un análisis exhaustivo de los cumplimientos y de los incumplimientos que el Estado español está haciendo de la CDPD. Su acurada lectura es un ejercicio de inmersión en la realidad social, cultural y política de las circunstancias adversas en las que tienen que vivir y convivir las personas con diversidad funcional. Consta de los reconocimientos de los avances logrados, como la Ley Orgánica 2/2018, que modifica la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General, como primer paso per garantizar el derecho de todas las personas con discapacidad a votar sin sufrir discriminación. Me recuerda a la buena práctica del examen de consciencia (actualmente lo llamaríamos hacer un escaneado de la realidad) previo al reconocimiento de las carencias, hoy sería hacer un DAFO ad hoc, para acabar con el también clásico propósito de enmienda o plan da acción.
Sería interesante que los consistorios adoptaran medidas y orientaran políticas siguiendo las recomendaciones del mencionado Comité, y más cuando afectan a un porcentaje elevado de la población, siguiendo con el ejemplo de Sant Boi de Llobregat, dónde afecta a un 9% de la población, la minoría mayoritaria. De entre todas las observaciones del Comité, cabe destacar y reclamar la atención del Estado en lo que se refiere al artículo 17 de la CDPD, relativo a la protección de la integridad de las personas, y el 24, relativo a la educación inclusiva. El informe Observaciones finales sobre los informes periódicos segundo y tercero combinados de España es de obligada lectura, por activar una fundamental toma de conciencia y positiva acción transformadora.
Carles Dalmau i Ausàs
Ex-Síndic de Greuges de Sant Boi de Llobregat
* El Comité de los Derechos de las Personas con discapacidad de la ONU, el 18 y 19 de marzo de 2019, ha emitido un segundo informe sobre la revisión del grado de cumplimiento del tratado CDPD. Se puede ver el informe completo en este link.
Este artículo fue publicado originariamente en http://www.sindicsdecatalunya.cat
Como cada año, el día 21 de enero se celebra el Día Europeo de la Mediación. En esta ocasión, la televisión pública Betevé me invitó a participar en una entrevista (video, minuto 31:35) en los informativos para hablar sobre qué es la Mediación y sus principales características.
Diferenciamos los distintos tipos y ámbitos de la mediación, desde la “Mediación Pública”, que afecta y es impulsada por Ayuntamientos, Generalitat, Diputación… hasta el ámbito de la “Mediación Privada” que afecta aspectos civiles como la mediación familiar en temas como el régimen de visitas, pensión de alimentos, incumplimiento de sentencias… o también en aspectos mercantiles, por reclamaciones inferiores a 2000 euros.
En efecto, como personas, ciudadanos, pareja, empresa, asociación, fundación… venimos de la cultura del conflicto, del litigio. Pero cada vez más se está apostando por vías alternativas de resolución del conflicto y la mediación es la principal. La Ley 15/2009 de Mediación en el ámbito privado apunta en esta dirección y señala la figura del mediador como facilitador y profesional especialista en este proceso, conocedor de los procedimientos, habilidades y técnicas de resolución de conflictos.
De hecho, el acceso a la mediación ya es una realidad promovida desde los mismos juzgados, donde en función del caso tienes la opción de acudir al servicio de orientación a la mediación y acceder a una mediación como alternativa previa al proceso judicial, evidentemente siempre que haya voluntad de les partes para querer dialogar y recorrer esta vía.
Cuando es el caso, la mediación resulta una opción que presenta muchas ventajas respecto un proceso judicial, a parte de una significativa reducción del tiempo en la resolución del conflicto, un menor coste económico y emocional, supone que las partes mantienen el poder de decisión sobre cómo resolver el conflicto (cosa que se pierde en el procedimiento judicial) y en todo caso, los acuerdos alcanzados a través de la mediación y recogidos en una “acta final” tienen la misma validez legal y ejecutividad que una sentencia judicial si son elevados a públicos ante notario.
Cuando la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD*), en su artículo 12 expresa literalmente que «los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones que las demás en todos los aspectos de la vida», lo primero que nos dice es que hasta hoy día los Estados no reconocían todos los derechos de las personas con discapacidad. Con otras palabras, eran reconocidos como ciudadanos de categoría diferente. Unos juegan en la primera liga y otros, precisamente los discapacitados por razón de su diferencia, juegan en ligas distintas, evidentemente inferiores.
El segundo mandato, ahora ya normativo y vinculante derivado del preceptivo reconocimiento, es que «las personas con … tienen … en igualdad de condiciones que las demás en todos los aspectos de la …». Ahora completamos los puntos suspensivos con las palabras que faltan: «discapacidad», «capacidad jurídica» y «vida». Conclusión: todas las personas, por el simple y genuino hecho de serlo, tenemos los mismos derechos, todos los derechos. Porque en tiempos de clarificaciones, todos quiere decir todos.
La CDPD no se olvida de explicar y ordenar la praxis de cómo llevar a cabo el fundamental reconocimiento de forma real y efectiva. No sólo reconoce un derecho, sino que lo regulariza para que los obligados (los Estados con
sus poderes al servicio de la ciudadanía) los hagan reales y posibles en términos de eficacia y eficiencia, de las que la ciudadanía somos acreedores corresponsables.
Los y las Síndicas Municipales nos sentimos plenamente vinculados y apelados por el mandato taxativo del citado artículo 12 de la CDPD y nos reiteramos en la decidida defensa de todos los derechos de las personas. Principalmente en las que necesitan apoyo y medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica haciéndolo explicitar los respectivos ayuntamientos, para que proporcionen las salvaguardas adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos.
Haciendonos plenamente solidarios con las personas con discapacidad recordamos a los Ayuntamientos que las salvaguardas adecuadas que inspiren las políticas al respecto deben asegurar:
1) que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona;
2) que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida;
3) que sean proporcionadas y adaptadas a las circunstancias de la persona;
4) que se apliquen en el plazo más corto posible y
5) que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad u órgano judicial, competente, independiente e imparcial.
El Consejo de Ministros del 21 de septiembre el gobierno informó sobre el anteproyecto de Ley, que en correspondencia con lo expresado pretende una reforma de la legislación civil y procesal en materia de discapacidad.
(*) La CDPD es aprobó en Nueva York el 13 de diciembre de 2006 y fue ratificada por el Estado español el 23 de noviembre de 2017. Por lo tanto, está plenamente e íntegramente insertada al ordenamiento jurídico y se ha de cumplir y hacerse cumplir por el poder que corresponda.
Carles Dalmau i Ausàs
Ex-Síndico de Agravios de Sant Boi de Llobregat
Este artículo fue publicado originariamente en http://www.sindicsdecatalunya.cat
La finalidad conmemorativa de este día es la sensibilización social hacia la salud mental. En 1992 la World Federation for Mental Health (WFMH) fue constituida para equiparar la salud mental y la salud física, proponiéndose como objetivos sensibilizar la sociedad acerca de los trastornos mentales, luchar contra la estigmatización que sufren las personas afectadas e impulsar iniciativas que mejoren su atención. O sea, mejorar la calidad de vida y defender los derechos de las personas con enfermedad mental y/o discapacidad mental.
Pero… ¿Qué es la “salud”? Según la Federación la salud es ‘el estado que permite el desarrollo óptimo físico, intelectual y afectivo del sujeto en la medida que no perturbe el desarrollo de sus semejantes’; es decir, es un estado vital que va más allá del buen funcionamiento de sí mismo. También la OMS describe la salud en una línea muy similar: es ‘un estado completo de bienestar físico, mental y social y no tan solo la ausencia de enfermedad o condición patógena’. La misma institución se refiere concretamente a la “salud mental” como un ‘estado de bienestar en el que el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede enfrentarse a las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad’. Así pues, la salud mental es la base para el bienestar y funcionamiento de un individuo y de una comunidad; el concepto de “salud mental” viene implícito en el de “salud”.
¿Cómo podemos las síndicas, síndicos, defensores y defensoras municipales de agravios de la ciudadanía promover y proteger los derechos humanos de las personas con enfermedad y/o discapacidad mental? Estas están expuestas a una serie de violaciones de los derechos humanos y la estigmatización con la que tienen que enfrentarse hace que sean marginadas socialmente y que no se les preste una atención ni unos servicios ni los soportes que necesitan para desarrollar una vida plena en la comunidad. ¿Cómo podemos desde las defensorías evitar estos estigmas, discriminaciones, vulneraciones o violaciones de los derechos de las personas? Acto seguido exponemos algunas ideas al respecto:
– En nuestras resoluciones y cuando sea pertinente por la materia, citando la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Esta convención es un derecho interno del ordenamiento jurídico español.
– En el trabajo diario y la atención a las personas, cambiando actitudes y mejorando la sensibilización propia y exigirla a todo el consistorio, a las organizaciones de personas discapacitadas, a asociaciones de profesionales, etc.
– De forma extensiva y en tanto que acciones positivas, más allá de las competencias, preservando los derechos humanos en las instituciones de salud mental que hay en el municipio.
– Proponiendo medios para evaluar la calidad de la atención en cuanto a los derechos humanos; las personas tienen que poder presentar quejas en casos de violaciones de los derechos humanos. Se debe explicitar el “qué” y el “cómo”.
– Aprovechando las ocasiones protocolarias, que son numerosas durante el mandato de las Síndicas y Síndicos, para que el Ayuntamiento aumente el presupuesto y el municipio invierta en salud mental. Una forma de hacerlo consiste en capacitar el personal sensibilizándolo y formándolo.
Es un deber ético. Las personas con discapacidad mental necesitan soportes a medida y es necesario prepararse para dárselos. Es preciso actuar, primero directamente con las personas y, segundo, en las instancias que nos son propias, los Ayuntamientos.
Carles Dalmau i Ausàs
Ex-Síndico de Agravios de Sant Boi de Llobregat
Este artículo fue publicado originariamente en http://www.sindicsdecatalunya.cat
Un momento del acto celebrado el pasado 25 de Abril en Can Massallera.
De nuevo el grupo Tertúlies Santboianes nos hemos reunido en Can Massallera para “tocar el tambor”. Hemos convocado personas amigas, conocidas y saludadas de la sociedad santboiana con el objetivo que, asistiendo a la tertulia-mesa redonda, participaran en este acto público y obierto, primero escuchando y después dialogando. También hemos practicado dos ejercicios de democracia directa: hemos votado en un referendum “ad hoc” sobre si la ciudadanía tiene que tenerla obligación o no de participar, y hemos respondido una consulta. Ambas actividades se han realizado online. Mientras escuchábamos los cuatro ponentes constatamos qué fácil es interactuar con las TIC y cómo la extensión de estas herramientas han impactado y modificado comportamientos y dinámicas de los distintos agentes sociales, la ciudadanía, las Asociaciones y las Administraciones públicas, principalmente.
Tanto las personas físicas comop las asociaciones o personas jurídicas intervienen en los conflictos de forma pasiva y activa por causas endógenas, exógenas o por ambas al mismo tiempo. Son parte o, dicho de otro modo, forman parte de un problema, situación, conflicto o pleito.
La legitimación de las asociaciones como parte legalmente reconocido y susceptible de someterse a un proceso de mediación deriva de la Ley 15/2009 de 22 de julio de mediación en el ámbito del derecho privado, en el artículo 2.2 a):
“La mediación civil a la que hace referencia esta ley comprende cualquier tipo de cuestión o pretensión en materia de derecho privado que se pueda conocer en un proceso judicial y que se caracterice por haberse roto la comunicación personal entre las partes, si estas han de mantener relaciones en el futuro y, particularmente, entre otros: a) los conflictos relacionales surgidos en el ámbito de las asociaciones y fundaciones.”
Convengamos ya desde ahora que el conflicto en sí mismo es normal, forma parte de la existencia, del ser y estar con uno mismo y en sociedad o asociado. Las entidades, como las personas, somos entes complejos. No comprendrelo ni aceptarlo es el origen de múltiples tensionse, cargas y confrontaciones y siempre constituye la genesis o los síntomas de los conflictos relacionales o de la comunicación.
Los mediadores sabemos que los conflictos tienen soluciones (en plural); parece evidente. Igualmente sabemos acompañar las partes en la construcción de las soluciones o los acuerdos; una tarea no tan evidente. En un proceso de mediación, basado en la combinación de los principios de voluntariedad de las partes, la imparcialidad de la persona mediadora, la confidencialidad, el carácter personalísimo y la buena fe, e intervienen factores muy diversos. Además de los principios legales esmentados, interactúan los principios, intereses y necesidades de las partes. Se toman en consideración, entre otros, los aspectos emotivos, sociales, relacionales y de la comunicación así como los jurídicos que legítimamente viven cada uno de los sujetos involucrados.
La mediación es un sistema de resolución de conflictos. Calificado por algunos como alternativo, pretende restablecer la comunicación y la relación entre las partes y facilitar los trabajos sobre los puntos conflictivos con la finalidad que las personas o las asociaciones que se adentraron en los laberintos de los conflictos encuentren los hilos de Ariadna particulares para disipar las resistencias y otear la solución a través de la construcción de acuerdos sostenibles.
Como Síndicos/cas o Defensores/as de la ciudadanía usamos la mediación y las técnicas ADR (Alternative Dispute Resolution), estamos empapado de la cultura de la Paz y acompañamos la ciudadanía en la búsqueda de las soluciones amistosas convencidos que muchas situaciones calificadas como conflictos, como diría John Paul Laderach, más que conflictos son “enredos” en los que nos metemos estos maravillosos seres complejos que somos las personas y, por lo tanto, las asociaciones.
(Artículo original Enero 2016)
No hay derechos humanos sin concienciación. Si no pasamos de las declaraciones a los hechos, del orden noético al fenomenológio, de la potencia al acto solo tenemos palabras. Verba volant. Si las partes involucradas o stakeholders no los posibilitamos, no hay derechos humanos.
En todos mis cursos y talleres de mediación, incluso en las conferéncias, traigo a colación la necesidad que los mediadores tenemos de conocernos a nosotros mismos. La actividad constante de reflexión, interiorización y reflexión sobre uno mismo la enteindo como condición prévia y necesaria para entender a las personas y sus situaciones conflictivas.
Este fué el lema del Dia mundial de la salut mental. En el mundo se calcula que hay 450 millones de personas que viven con una enfermendad mental. El cambio de paradigma para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y los operadores del tercer sector consiste, ni más ni menos que en la facilitación de los soportes necesarios y adaptados a las personas que tienen capacidades diferentes.